El pasado día 1 de octubre varios medios de comunicación comenzaron a difundir unas noticias que afectan gravemente al proceso electoral en curso de esta federación deportiva y a su presidente. En concreto el Diario de Navarra se hacía eco de una noticia facilitada por el Presidente de la Comisión Gestora de la Federación Navarra de Montaña, Martín Montañés, que en esa función no puede realizar actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto del electorado.

En dicha noticia se informaba que siete presidentes de federaciones territoriales habían presentado el 4 de marzo de este año ante el Consejo Superior de Deportes una serie de “acusaciones” contra el Presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), añadiendo que el 25 de septiembre el Consejo había acordado remitir la reclamación al Tribunal Administrativo del Deporte informándoles de ello.

Según aseguraba, en uno de los párrafos entrecomillados, Martín Montañés, «El presidente del CSD ha acordado formular petición razonada al TAD e instarle a que, en caso de que aprecie indicios razonables de su comisión, incoe el correspondiente procedimiento administrativo sancionador contra Alberto Ayora Hirsch, presidente de la FEDME».

Pues bien, en esta fecha ni la FEDME, ni el Presidente de la Comisión Gestora, han recibido notificación alguna acerca de tal reclamación, ni tampoco, lógicamente, de ningún procedimiento incoado por el Consejo Superior de Deportes o por el Tribunal Administrativo del Deporte.

Estas afirmaciones del señor Martín Montañés, que son acompañadas de un documento fechado 4 de marzo sin registro, ni firmas auténticas, igualmente publicado, inciden directamente en el proceso electoral en curso en esta Federación, y por ello la Comisión Gestora ha aprobado dirigirse al CSD, instándole a aclarar la veracidad de tal información. Si después de seis meses de la presentación de un documento acusatorio, se hubiese tramitado sin conocimiento federativo y coincidiendo con el proceso electoral, sería preciso adoptar medidas legales para depurar posibles responsabilidades.